Las pasadas dos décadas han sido turbulentas para muchas burocracias de servicio público desarrolladas. Algunos han tenido que lidiar con líderes políticos que consideraban las burocracias profesionales como obstáculos para el cambio y la innovación. Otros lo han tenido que hacer con líderes políticos que insistían en traer ejecutivos desde el sector privado a fin de mejorar la gestión pública mediante la adopción de técnicas privadas de gestión. Y algunos han tenido que lidiar con líderes políticos que no eran proclives para asimilar el consejo profesional del servicio público.
La administración pública es uno de los elementos que integra el poder público mediante el cual el Estado manifiesta el ejercicio de su gobernabilidad, lo que hace necesario retomar el origen, papel y lugar del Estado al cual se le ha prestado gran atención por parte de todas las corrientes de pensamiento económico y político.
Ese órgano, el Estado, que hoy día desempeña un papel fundamental en la administración de los recursos de la sociedad, tiene antecedentes y consecuentes que han estado explicados objetivamente a través de la historia.
Es el Estado entonces un producto que expresa un determinado grado de desarrollo de la sociedad, en que las contradicciones que ha engendrado alcanzan un grado tal que demanda la existencia de un poder por encima de la sociedad misma, capaz de atenuar el impacto de las fuerzas en pugna y de preservar los derechos de la que prevalece por su papel de propietaria respecto a los medios de producción fundamentales. Sin embargo, nacido bajo el estigma de preservar el ejercicio del poder, el Estado se aparta cada vez más de los intereses de la sociedad que lo vio nacer y se divorcia de ella, en una dinámica sin retroceso y cuya tendencia ineludible lo llevará hacia su extinción como instrumento de violencia y coerción.
El Estado, en el papel de dueño que ejerce la fuerza pública y en su desempeño ejerce el derecho de recaudar los medios de su subsistencia a través de los impuestos por vía de los funcionarios que le responden, como órganos de la sociedad. Esto hace que, bajo circunstancias específicas, dichos funcionarios se puedan sentir con la prerrogativa de ubicarse por encima de la sociedad misma.
Los gobiernos son un conjunto de organizaciones, ministerios, empresas públicas, órganos jurídicos y otros, que combinan recursos normativos, humanos, financieros y tecnológicos y los transforman en política, en programas públicos, en servicios, en productos, para atender los problemas de los ciudadanos, controlar sus comportamientos, satisfacer sus demandas, y en definitiva lograr impactos sociales, políticos y económicos. En la construcción socialista, pudiera agregarse a lo anterior que se logran esos objetivos a partir de una adecuada proyección y percepción de los intereses primarios de la sociedad, los que se convierten en la fuerza motriz de la acción del gobierno. A aquellos intereses se subordinan los que dimanan de las estructuras colectivas e individuales. Tanto es así, que el gobierno en el proceso de construcción socialista ha de convertirse en la expresión más legítima de la administración pública.
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